El Gobierno impulsa un proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que busca desregular varios sectores de la economía, entre éstos el mercado del gas envasado. El anteproyecto impulsa la eliminación de los subsidios directos a la "garrafa social".
La iniciativa propone derogar la Ley N° 26.020, quitándole al Estado la potestad de fijar precios de referencia, cupos y su declaración como servicio público. La propuesta oficial para el GLP (Gas Licuado de Petróleo) forma parte de un paquete de reformas más amplio que busca liberalizar la economía.
Gas licuado: desaparece la regulación económica
El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad. La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se prohíbe expresamente regular:
Precios.
Cantidades.
Volúmenes comercializados.
Márgenes de rentabilidad.
Condiciones comerciales.
La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector, y del artículo 74 de la Ley 24.076.
Fin del rol del Estado
Se elimina el marco regulatorio que actualmente permite al Estado intervenir para asegurar un precio máximo accesible a los sectores vulnerables que no cuentan con conexión a la red de gas natural.
Desregulación de precios
Sin precios de referencia oficiales, el costo de la garrafa quedará librado a la oferta y la demanda del mercado, lo que permite a las empresas fraccionadoras y distribuidoras fijar los valores libremente.
Impacto tarifario
Esta medida agrava el escenario económico para las familias de menores recursos, quienes ya venían experimentando fuertes incrementos en el precio de compra de las garrafas.
Recorte de beneficios
Este proyecto se suma a las iniciativas del Gobierno para restringir los descuentos en las facturas de gas por "Zona Fría" a nivel nacional, limitando el beneficio solo a regiones extremadamente frías (como la Patagonia y la Puna) y a hogares en extrema vulnerabilidad, lo que ha generado preocupación por el impacto en los bolsillos de los usuarios.
